Querido José María, me dijiste que estuviste en la marcha hacia La Paz junto a otros gremialistas, pidiendo la renuncia de las autoridades interinas de impuestos y aduana, y arancel cero para las importaciones de productos que no producimos en el país. Quiero felicitarte por eso.
Artículos y Opinión30 de junio de 2024 Jaime Dunn
La Aduana Nacional, que se supone debe ayudar a nuestro país, está haciendo todo lo contrario. El contrabando en Bolivia ha crecido mucho y dicen que afecta a muchas industrias y empleos. Pero lo peor de todo, es que no hay ningún gran contrabandista en la cárcel porque muchas autoridades permiten que esto ocurra. Aunque habrá algunos aduaneros honestos, todos sabemos que el contrabando beneficia a políticos, sus familias y amigos. Se dice que hasta gratis trabajan algunos en diferentes puestos aduaneros.
Te cuento que el presupuesto de la Aduana Nacional aumenta cada año, pero sus resultados no mejoran. Gastan mucho dinero en luchar contra el contrabando, y lo que decomisan no vale ni lo que han gastado. Sus ingresos por recaudaciones son casi los mismos de hace años. Está claro que la Aduana Nacional nunca sirvió en casi doscientos años de existencia.
Lo que pasa es que el contrabando es un tema económico, no solo legal. Los consumidores quieren productos más baratos y los comerciantes informales aprovechan esa demanda. Así de simple. Por eso todos siempre compramos algo que viene del contrabando. Pero el Estado ha decidido que el contrabando es un delito, cuando en realidad, en Bolivia trae más beneficios. Hasta la inflación ha sido baja en Bolivia durante años por los precios bajos que como consumidores encontramos gracias al contrabando y la informalidad.
Entonces, el contrabando no es el problema, es solo el síntoma del problema verdadero: impuestos y aranceles altos que encarecen los productos legales, la burocracia excesiva y la corrupción. Por eso hay tantos vehículos chutos y tanta informalidad. Los comerciantes informales, como tú, son sobrevivientes de un Estado abusivo que no brinda oportunidades para el sector privado ni respeta las libertades individuales.
La única solución real es dinamitar la Aduana Nacional, figurativamente hablando, quitando impuestos y aranceles. Debemos empezar por los productos que no producimos en Bolivia y luego, preparar a las industrias para hacerlo con todos los productos. Así, el comercio sería más libre y no habría necesidad de contrabando. Podríamos comprar ropa, comida, medicamentos, autos nuevos y maquinaria a precios más bajos y sin tantas complicaciones. Sería un beneficio para todos, especialmente para los más pobres.
Siempre dicen que eliminar aranceles dañaría a la industria local, pero en realidad, les permitiría importar insumos más baratos y competir por calidad, no por protección estatal y por quien tiene más muñeca con el gobierno. Los consumidores no deberían pagar más por productos que en el extranjero son mejores y más baratos, solo para que algunas industrias locales vendan más. Ahora, no es que la Aduana Nacional tenga que desaparecer completamente, sino que debería existir solo para controlar productos peligrosos, el narcotráfico y el terrorismo internacional.
Querido José María, no te sientas avergonzado por ser comerciante informal. Estás respondiendo a una necesidad del mercado y a las trabas que pone el Estado. La solución no es luchar con más barreras al contrabando, sino cambiar el sistema para que la formalidad y la importación legal sean más ventajosas que contrabandear. En las próximas elecciones, vota por un gobierno que entienda esto.
Jaime Dunn es analista financiero.
Publicado originalmente en Brújula Digital.
DEPARTAMENTO DE ESTADO — Estados Unidos está monitoreando de cerca "con gran preocupación" la situación que se desarrolla rápidamente en Corea del Sur, donde el presidente Yoon Suk Yeol declaró la ley marcial de emergencia el martes por la noche, citando la necesidad de proteger a la nación de las fuerzas comunistas de Corea del Norte y eliminar los elementos antiestatales.
Naciones Unidas — Naciones Unidas dijo el martes que decenas de miles de sirios han sido desplazados en los recientes combates entre los rebeldes y el gobierno en el noroeste de Siria, a medida que los rebeldes avanzan rápidamente hacia el territorio.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece inobjetablemente la ilegalidad de los juicios en rebeldía o ausencia. Pese a ello, y las contradicciones y manipulaciones del TCP, el máximo tribunal de justicia de Bolivia (TSJ), sienta otro grave precedente injusto e ilegal.
En un juicio de responsabilidades, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó sentencia condenatoria por mayoría contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros, en el marco del caso denominado Petrocontratos.
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El Movimiento al Socialismo, en estas últimas dos décadas, ha profundizado rasgos propios del autoritarismo en sus más variadas formas. Esta afirmación tiene más verdad cuando contrastamos tal afirmación con los elementos de la democracia.
La sede de gobierno, a principios de 2024, mostró la incapacidad de las autoridades en gestión de riesgos. Prueba de ello es que la gestión de Iván Arias apenas gastó el 4,6% (261,0 millones de Bs.) del presupuesto entre los años 2021 y 2023; las gestiones de Luis Revilla, en cambio, gastaron el 7,9% (635,6 millones de Bs.) y el 5,1% (612,7 millones de Bs.), mostrando de manera clara que es fundamental el gasto en gestión de riesgos.
Esta semana se promulgó la Ley de Ratificación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur, el más importante proceso de integración de América del Sur. El trámite seguirá los pasos establecidos en el Tratado de Asunción de 1991 y esta próxima semana se hará el depósito de la ratificación en la secretaría del bloque, con sede en Asunción, Paraguay.
Si la primera víctima de la guerra es la verdad, la segunda es la complejidad, añade el investigador sueco y activista por la paz Jan Oberg en una entrevista donde analiza los recientes acontecimientos en Europa y Gaza.
En algún momento, los habitantes de La Paz cedieron su espacio vital a una larga lista de grupos corporativos, sindicatos, autoridades, policías y militares. Pocas ciudades enfrentan tantos tormentos cotidianos, la mayoría de los cuales son evitables. Hace una semana, los extraños movimientos de vehículos militares y de uniformados en la principal plaza subieron la tensión ciudadana al borde de un ataque de nervios.
Bolivia se ha caracterizado a lo largo de su historia por los golpes de Estado, a tal extremo que es difícil contabilizarlos, pero se estima que fueron alrededor de un centenar. En los albores de la república, desde el motín contra el Mariscal Sucre, empezaron los golpes y no se han detenido hasta la semana pasada, en esa graciosa algazara que comenzó preocupando a la gente y concluyó divirtiéndola en la puerta del palacio de gobierno en medio de curiosos y de vendedores de dulces y helados.
A finales del 2023 publiqué un libro que titulé La decadencia. Apuntes sobre una izquierda extraviada (Editorial 3600). En aquel documento recogía mis impresiones expresadas en columnas de opinión en los últimos dos años. En la introducción escribía:
Los hechos acontecidos el 26 de junio de 2024, lamentablemente, queramos o no, lejos están de ser investigados con meridiana imparcialidad por el órgano judicial, habida cuenta - valga la redundancia - de una falta de praxis ajustada a derecho del sistema penal boliviano que es de conocimiento público.