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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia está en el centro de una controversia que ha encendido el debate político y social en el país. Las recientes disposiciones de este órgano, interpretadas como un intento de perpetuar a sus magistrados mediante resoluciones antidemocráticas, han generado preocupación sobre la estabilidad de la democracia boliviana y la independencia de los órganos del Estado.

La Paz, 14 de noviembre de 2024. – La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley denominado "Ley Excepcional y Transitoria para garantizar las elecciones judiciales 2024", que busca asegurar la realización de los comicios judiciales programados para el 15 de diciembre. La norma, aprobada en grande y en detalle, fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional, según informó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

La Paz, 12 nov (Agencias).— El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó que se acatará la sentencia 10/10 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que impide que el expresidente Evo Morales pueda postularse a un tercer mandato en las elecciones de 2025. En una entrevista con Brújula Digital, Hassenteufel señaló que el fallo es “totalmente válido” y debe ser respetado, aludiendo a que este proviene de un tribunal legítimo y de magistrados en su periodo de mandato.

LA PAZ — La reciente resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de anular la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del 6 de junio, presidida por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, ha generado una tormenta de críticas y acusaciones de inconstitucionalidad. Constitucionalistas y actores políticos coinciden en que esta decisión es ilegal, ilegítima y representa una interferencia sin precedentes en las atribuciones del Legislativo.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha emitido la Sentencia 0001/2024, una resolución que prohíbe los procesos judiciales en ausencia del acusado, reafirmando un fallo previo de 2021 que había sido retirado poco después de su publicación. Esta sentencia representa un hito significativo en la jurisprudencia boliviana, pero también ha generado controversia y críticas en diversos sectores.