Bolivia: TCP declara inconstitucionalidad de juicios en rebeldía

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha emitido la Sentencia 0001/2024, una resolución que prohíbe los procesos judiciales en ausencia del acusado, reafirmando un fallo previo de 2021 que había sido retirado poco después de su publicación. Esta sentencia representa un hito significativo en la jurisprudencia boliviana, pero también ha generado controversia y críticas en diversos sectores.

Bolivia21 de junio de 2024RedacciónRedacción
TCP BOLIVIA
Los magistrados que integran el Tribunal Constitucional Plurinacional. | APG

El fallo, firmado el 17 de enero de 2024 pero notificado a las partes el 14 de junio, declara la inconstitucionalidad de varios artículos del Código de Procedimiento Penal que permitían la prosecución de juicios en ausencia de los acusados. Esta decisión responde a una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) presentada en 2019 por la exdiputada opositora Norma Piérola, quien solicitó la eliminación de las leyes que permiten los juicios en rebeldía.

En su resolución, el TCP declara inconstitucional el artículo 6 de la Ley 1390 de 2021 –Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción– que modificaba los artículos 91 BIS y 344 BIS del Código de Procedimiento Penal. La sentencia exhorta además a la Asamblea Legislativa Plurinacional a realizar las modificaciones necesarias a los preceptos normativos afectados.

El controvertido antecedente de 2021
Esta no es la primera vez que el TCP aborda la inconstitucionalidad de los juicios en rebeldía. El 11 de marzo de 2021, el tribunal emitió la Sentencia Constitucional 012/2021, en la que también se declaró la inconstitucionalidad de estos procesos. Sin embargo, este fallo fue retirado poco después de su publicación, generando un gran revuelo y especulaciones sobre la transparencia y la independencia del tribunal.

El entonces ministro de Justicia, Iván Lima, difundió inicialmente el fallo, asegurando que los juicios en rebeldía habían sido declarados inconstitucionales. Sin embargo, en mayo del mismo año, el presidente del TCP, Paul Franco, desmintió estas declaraciones, indicando que no había ninguna sentencia definitiva sobre el tema en ese momento.

Reacciones y análisis
La reciente sentencia del TCP ha sido recibida con reacciones mixtas. Arturo Yáñez, abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), criticó la inconsistencia del tribunal al emitir y luego retirar un fallo en 2021, para después dictar otra sentencia sobre el mismo tema. Según Yáñez, esta actitud refleja una falta de seriedad por parte de los magistrados.

Norma Piérola, promotora de la Acción de Inconstitucionalidad, argumenta que los juicios en rebeldía vulneran los derechos del imputado a un juicio justo y a ser oído, afectando tanto a exfuncionarios públicos como a ciudadanos comunes. Para el abogado penalista y exfiscal Marco Quiroga, el fallo del TCP es un paso importante hacia el fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho en Bolivia, donde debe primar el derecho a la defensa.

Implicaciones políticas y judiciales
La analista y abogada Carolina Orías, en declaraciones a Los Tiempos, sostuvo que el fallo del TCP confirma la inconstitucionalidad de los juicios en rebeldía porque violan el derecho a un debido proceso. Orías también cuestionó la imparcialidad de los órganos del Estado, señalando la controversia de 2021 cuando el ministro de Justicia filtró el fallo antes de su publicación oficial.

Por su parte, Quiroga destacó que, aunque la tendencia reciente ha sido evitar la impunidad mediante procesos judiciales incluso en ausencia de los acusados, esta práctica ha sido utilizada como un instrumento de persecución política contra opositores.

En definitiva, la Sentencia 0001/2024 del TCP marca un precedente significativo en la jurisprudencia boliviana al prohibir los juicios en rebeldía. Esta decisión subraya la importancia del derecho a la defensa y un debido proceso, principios fundamentales en un Estado de Derecho. Sin embargo, la controversia que rodea tanto este fallo como el de 2021 resalta la necesidad de una mayor transparencia e independencia en el sistema judicial boliviano.

Con información de Los Tiempos.

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