LA PAZ — La reciente resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de anular la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del 6 de junio, presidida por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, ha generado una tormenta de críticas y acusaciones de inconstitucionalidad. Constitucionalistas y actores políticos coinciden en que esta decisión es ilegal, ilegítima y representa una interferencia sin precedentes en las atribuciones del Legislativo.
Bolivia21 de junio de 2024
Redacción
Contexto de la Resolución
Durante la sesión plenaria del 6 de junio, la ALP aprobó varias leyes cruciales, entre ellas la Ley 075 de cese de funciones de los magistrados autoprorrogados, una ley de indulto y amnistía para reclusos, y dos créditos para la construcción de carreteras de doble vía. Sin embargo, todas estas leyes han quedado nulas de acuerdo con el auto constitucional 0041/2024 emitido por el TCP el 19 de junio, en respuesta a un recurso directo de nulidad presentado por el diputado arcista Juan José Jauregui.
Opiniones de constitucionalistas
El abogado constitucionalista y exmagistrado Marco Antonio Baldivieso ha sido enfático en su crítica al TCP. Según Baldivieso, el tribunal está obstaculizando el trabajo del Legislativo, cuya función natural es legislar y sancionar leyes. "El TCP debía excusarse de conocer el caso porque no puede ser juez y parte", señaló, argumentando que el Legislativo estaba tratando una ley que cesaba a los magistrados.
En una línea similar, el constitucionalista José Antonio Rivera afirmó que el fallo del TCP evidencia un debilitamiento de la institucionalidad democrática en Bolivia. Rivera sostiene que los magistrados deberían haberse excusado debido a un evidente conflicto de intereses. Además, al declarar nulos los actos y resoluciones de la sesión del 6 de junio, el tribunal está cumpliendo la finalidad del recurso presentado, que era precisamente la nulidad de todos esos actos.
Reacciones políticas
Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y también constitucionalista, advirtió que el TCP se ha convertido en un suprapoder, situándose por encima del Legislativo e incluso del órgano electoral. "Se trata de un golpe a la democracia y al Estado de derecho", afirmó Alarcón.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, fue contundente al declarar que las resoluciones del TCP no tienen valor legal en este contexto, ya que los magistrados no pueden ser juez y parte. Rodríguez insistió en que la ALP tiene la potestad de sancionar leyes que cesen a los magistrados y exigió la promulgación de las leyes aprobadas.
Posición de las organizaciones sociales
Las organizaciones sociales alineadas con el sector evista han ratificado su demanda de promulgación de las leyes aprobadas, amenazando con movilizaciones y bloqueos si no se cumplen sus exigencias. Este respaldo de las bases sociales añade una dimensión de presión popular a la disputa institucional.
Observaciones y críticas
El auto constitucional plurinacional 0041/2024, que declara nula la sesión de la ALP, fue suscrito por ocho de los nueve magistrados autoprorrogados del TCP, cuyo mandato debería haber finalizado el 31 de diciembre de 2023. Esta situación ha generado aún más críticas, con observadores señalando que los magistrados están actuando en defensa de sus propios intereses.
El recurso de nulidad presentado por el diputado Juan José Jauregui cuestionó la convocatoria realizada por Andrónico Rodríguez, lo que llevó al TCP a emitir su fallo. Sin embargo, este movimiento ha sido visto como una táctica para mantener el control del poder judicial, socavando al mismo tiempo la independencia y las atribuciones del Legislativo.
La resolución del TCP ha desatado una controversia constitucional significativa en Bolivia, poniendo en tela de juicio la independencia y la legitimidad de las instituciones del Estado. La anulación de la sesión plenaria de la ALP y de las leyes aprobadas en esa ocasión es vista por muchos como un acto de autodefensa de los magistrados del TCP, quienes buscan perpetuar su poder más allá de sus mandatos.
Con información de Los Tiempos.
Dos ex superintendentes de Hidrocarburos y dos analistas del sector coincidieron en que la nacionalización de YPFB ha llevado a la empresa estatal a una crisis profunda, marcada por la declinación de las reservas de gas natural, la baja producción de combustibles líquidos, el incremento desmedido del personal, la pérdida del mercado argentino y una creciente politización.
La Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez ha generado ligeros avances, como la incorporación de lenguas originarias y la valoración de conocimientos ancestrales en la currícula educativa. Sin embargo, varios objetivos iniciales no se han cumplido plenamente, señaló Mario Zárate, director de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en declaraciones a EL DIARIO.
Bolivia atraviesa una compleja situación económica tras la pérdida de gran parte de sus reservas internacionales y la caída de la exportación de gas. Esto ha generado la escasez de recursos suficientes para mantener políticas de subsidios, terminando así con el ciclo de productos baratos en el mercado. Paralelamente, el dólar oficial ha sido superado por el paralelo, exacerbando la crisis de diésel y gasolina, e incrementando el costo de los alimentos, según expertos.
En un encuentro que se prolongó por más de cinco horas, el Gobierno y representantes de los sectores afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) acordaron medidas concretas para enfrentar temas clave como el abastecimiento de combustible, la seguridad jurídica y la biotecnología. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dio a conocer las conclusiones de este diálogo, destacando la creación de un Comité de Planificación de Abastecimiento de Diésel y la habilitación de una ventanilla única de importación de combustible.
A partir de las 00:00 horas de este sábado 16 de noviembre, las carnicerías de Santa Cruz podrían cerrar indefinidamente debido al paro convocado por la Federación Departamental de Carniceros de Santa Cruz (FEDECARCRUZ). La medida implica un cese total en el abastecimiento de carne de res, pollo, cerdo y otros productos, dejando a la población sin acceso a estos alimentos esenciales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia está en el centro de una controversia que ha encendido el debate político y social en el país. Las recientes disposiciones de este órgano, interpretadas como un intento de perpetuar a sus magistrados mediante resoluciones antidemocráticas, han generado preocupación sobre la estabilidad de la democracia boliviana y la independencia de los órganos del Estado.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – La Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó una resolución emitida en mayo por una jueza de Ivirgarzama, que anulaba la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no reconocer la directiva del Movimiento al Socialismo (MAS IPSP) liderada por Evo Morales. Con el nuevo fallo, el TCP ratifica a Grover García, del ala 'arcista', como presidente del partido, elegido en el Congreso Nacional de El Alto.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley denominado "Ley Excepcional y Transitoria para garantizar las elecciones judiciales 2024", que busca asegurar la realización de los comicios judiciales programados para el 15 de diciembre. La norma, aprobada en grande y en detalle, fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional, según informó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – Ante la creciente crisis de abastecimiento de combustibles en Bolivia, el Gobierno ha decretado la libre importación y comercialización de diésel y gasolina, como medida temporal. La disposición, establecida en el Decreto Supremo (DS) 5271, fue anunciada anoche por Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos y Energía, y estará en vigor durante un año. Gallardo subrayó que esta normativa excepcional busca aliviar la demanda insatisfecha, permitiendo a los sectores privados abastecer el mercado interno de manera directa.