Este 2 de septiembre comenzará el juicio contra la expresidenta Jeanine Añez y otras 17 personas acusadas de la masacre de Senkata. La defensa asegura que ella no asistirá, puesto que la procesan por la emisión de un decreto que lo firmó en el ejercicio de su cargo. En ese caso, demanda que se le inicie un juicio de responsabilidades.
Bolivia06 de julio de 2024 Brújula Digital
Añez es acusada por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculadas a la masacre de Senkata. Este hecho se produjo entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019 a los pocos días que ella asumió el mando del país tras la renuncia Evo Morales.
La presidenta firmó el Decreto Supremo 4078, el cual les eximía de responsabilidades penales por el uso de la fuerza, para aplacar las grandes manifestaciones vandálicas. En ese momento, algunos de los movilizados causaron serios daños a instituciones públicas como la quema de los buses Pumakatari, o violentas protestas en El Alto.
Añez se encuentra, en este momento, recluida en el penal de Miraflores desde junio del 2022 cumpliendo una condena de 10 años de prisión tras ser declarada culpable por los delitos de "incumplimiento de deberes" y "resoluciones contrarias a la Constitución".
La defensa de la expresidenta adelantó que no irá a la apertura de juicio ni a ninguna de las audiencias que hayan sido programadas. Esta determinación la asumió como una forma de exigir que se le someta a un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.
Su abogado defensor, Luis Guillen, explicó que pretenden juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta por la emisión de un decreto supremo. Para el abogado, el simple reconocimiento de este decreto hace que ella sea considerada presidenta y merece un juicio de responsabilidades.
Según la investigación, Áñez y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078 que eximió de eventuales juicios penales las acciones de los militares y que luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba fue abrogado.
El Gobierno presentó una proposición acusatoria en contra de Añez. Pero, ésta nunca fue tratada y el Ministerio de Justicia decidió solicitar que el caso se dirima en la vía ordinaria, amparado en el antecedente de que la justicia ya definió que Añez no tiene el privilegio de someterse a un juicio de responsabilidades dentro del llamado ‘caso EBA’.
BD/RED
Dos ex superintendentes de Hidrocarburos y dos analistas del sector coincidieron en que la nacionalización de YPFB ha llevado a la empresa estatal a una crisis profunda, marcada por la declinación de las reservas de gas natural, la baja producción de combustibles líquidos, el incremento desmedido del personal, la pérdida del mercado argentino y una creciente politización.
La Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez ha generado ligeros avances, como la incorporación de lenguas originarias y la valoración de conocimientos ancestrales en la currícula educativa. Sin embargo, varios objetivos iniciales no se han cumplido plenamente, señaló Mario Zárate, director de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en declaraciones a EL DIARIO.
Bolivia atraviesa una compleja situación económica tras la pérdida de gran parte de sus reservas internacionales y la caída de la exportación de gas. Esto ha generado la escasez de recursos suficientes para mantener políticas de subsidios, terminando así con el ciclo de productos baratos en el mercado. Paralelamente, el dólar oficial ha sido superado por el paralelo, exacerbando la crisis de diésel y gasolina, e incrementando el costo de los alimentos, según expertos.
En un encuentro que se prolongó por más de cinco horas, el Gobierno y representantes de los sectores afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) acordaron medidas concretas para enfrentar temas clave como el abastecimiento de combustible, la seguridad jurídica y la biotecnología. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dio a conocer las conclusiones de este diálogo, destacando la creación de un Comité de Planificación de Abastecimiento de Diésel y la habilitación de una ventanilla única de importación de combustible.
A partir de las 00:00 horas de este sábado 16 de noviembre, las carnicerías de Santa Cruz podrían cerrar indefinidamente debido al paro convocado por la Federación Departamental de Carniceros de Santa Cruz (FEDECARCRUZ). La medida implica un cese total en el abastecimiento de carne de res, pollo, cerdo y otros productos, dejando a la población sin acceso a estos alimentos esenciales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia está en el centro de una controversia que ha encendido el debate político y social en el país. Las recientes disposiciones de este órgano, interpretadas como un intento de perpetuar a sus magistrados mediante resoluciones antidemocráticas, han generado preocupación sobre la estabilidad de la democracia boliviana y la independencia de los órganos del Estado.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – La Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó una resolución emitida en mayo por una jueza de Ivirgarzama, que anulaba la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no reconocer la directiva del Movimiento al Socialismo (MAS IPSP) liderada por Evo Morales. Con el nuevo fallo, el TCP ratifica a Grover García, del ala 'arcista', como presidente del partido, elegido en el Congreso Nacional de El Alto.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley denominado "Ley Excepcional y Transitoria para garantizar las elecciones judiciales 2024", que busca asegurar la realización de los comicios judiciales programados para el 15 de diciembre. La norma, aprobada en grande y en detalle, fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional, según informó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – Ante la creciente crisis de abastecimiento de combustibles en Bolivia, el Gobierno ha decretado la libre importación y comercialización de diésel y gasolina, como medida temporal. La disposición, establecida en el Decreto Supremo (DS) 5271, fue anunciada anoche por Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos y Energía, y estará en vigor durante un año. Gallardo subrayó que esta normativa excepcional busca aliviar la demanda insatisfecha, permitiendo a los sectores privados abastecer el mercado interno de manera directa.