La Paz, 14 de noviembre de 2024. – Ante la creciente crisis de abastecimiento de combustibles en Bolivia, el Gobierno ha decretado la libre importación y comercialización de diésel y gasolina, como medida temporal. La disposición, establecida en el Decreto Supremo (DS) 5271, fue anunciada anoche por Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos y Energía, y estará en vigor durante un año. Gallardo subrayó que esta normativa excepcional busca aliviar la demanda insatisfecha, permitiendo a los sectores privados abastecer el mercado interno de manera directa.
Bolivia14 de noviembre de 2024
Redacción
Gallardo explicó que el DS 5271 autoriza a personas naturales y jurídicas, incluyendo cooperativas, empresarios privados, agricultores, sectores mineros y estaciones de servicio, a importar y vender diésel y gasolina. En un esfuerzo por facilitar el proceso, se eliminaron ciertos requisitos contemplados en decretos anteriores, como el DS 4211 de Sustancias Controladas y el DS 5218, que anteriormente limitaban la importación solo para consumo propio.
Respuesta a las demandas del sector productivo
El ministro Gallardo destacó que esta medida es una respuesta directa a las peticiones de los sectores productivos, quienes solicitaron la posibilidad de adquirir combustibles sin intermediación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo, el ministro aclaró que la estatal YPFB continuará importando combustibles a precios subvencionados como parte de sus funciones de abastecimiento.
La nueva normativa surge en un contexto de bloqueos de carretera iniciados por el transporte pesado en Santa Cruz, una de las regiones más afectadas por la escasez de diésel. Los conductores de camiones y flotas bloquearon diversos puntos estratégicos para presionar al Gobierno en la solución del problema. Entre los sitios de bloqueo, destacaron Cotoca, la ruta antigua a Cochabamba y la vía a los valles cruceños, donde los transportistas se organizaron exigiendo la reposición de combustible. Andrés Medina, un transportista, expresó su “desesperación” por la falta de combustible que los ha dejado sin poder trabajar.
Impacto en el sector empresarial y productivo
La crisis de combustible ha afectado gravemente a empresarios y productores agropecuarios. Juan Pablo Demeure, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), indicó que la escasez, junto con la falta de divisas extranjeras, ha generado una situación crítica para el sector productivo. Aunque el nuevo DS 5271 permitirá la importación directa de combustibles, Demeure señaló que las empresas tendrán que buscar fuentes alternativas de financiamiento, como créditos bancarios y pagos anticipados, para sostener sus operaciones.
Óscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, expresó que el sector empresarial está preparado para afrontar el desafío de la importación de combustibles y sugirió que el Gobierno debería considerar reducir gradualmente la subvención estatal a los combustibles. Según Justiniano, una estrategia a largo plazo podría ser abrir completamente la importación de diésel y gasolina para su comercialización.
Por su parte, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), recalcó que si bien la importación privada es viable, dependerá de la disponibilidad de divisas y logística, factores limitantes para empresas que no cuentan con ingresos de exportación. Jaime Hernández, de la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo), sugirió que las importaciones deberían estar exentas de impuestos y aranceles para reducir el precio final y permitir una oferta a precio libre.
Costos y desafíos financieros
De acuerdo con cálculos preliminares, el costo de importar diésel o gasolina se estima entre Bs 13 y 14 por litro, considerando los gastos logísticos, significativamente más alto que los precios subvencionados. A pesar de este aumento, Gallardo afirmó que la liberalización temporal de la importación permitirá a los sectores productivos obtener combustibles en el mercado sin depender de la oferta limitada de YPFB.
El ministro Gallardo aseguró que en los próximos días se publicará la reglamentación específica del DS 5271, que incluirá detalles sobre los requisitos y condiciones de importación. Esta medida representa una solución de emergencia para hacer frente a la crisis de abastecimiento y garantizar el acceso a combustibles esenciales en Bolivia.
Con información de El Diario y El Deber.
Dos ex superintendentes de Hidrocarburos y dos analistas del sector coincidieron en que la nacionalización de YPFB ha llevado a la empresa estatal a una crisis profunda, marcada por la declinación de las reservas de gas natural, la baja producción de combustibles líquidos, el incremento desmedido del personal, la pérdida del mercado argentino y una creciente politización.
La Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez ha generado ligeros avances, como la incorporación de lenguas originarias y la valoración de conocimientos ancestrales en la currícula educativa. Sin embargo, varios objetivos iniciales no se han cumplido plenamente, señaló Mario Zárate, director de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en declaraciones a EL DIARIO.
Bolivia atraviesa una compleja situación económica tras la pérdida de gran parte de sus reservas internacionales y la caída de la exportación de gas. Esto ha generado la escasez de recursos suficientes para mantener políticas de subsidios, terminando así con el ciclo de productos baratos en el mercado. Paralelamente, el dólar oficial ha sido superado por el paralelo, exacerbando la crisis de diésel y gasolina, e incrementando el costo de los alimentos, según expertos.
En un encuentro que se prolongó por más de cinco horas, el Gobierno y representantes de los sectores afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) acordaron medidas concretas para enfrentar temas clave como el abastecimiento de combustible, la seguridad jurídica y la biotecnología. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dio a conocer las conclusiones de este diálogo, destacando la creación de un Comité de Planificación de Abastecimiento de Diésel y la habilitación de una ventanilla única de importación de combustible.
A partir de las 00:00 horas de este sábado 16 de noviembre, las carnicerías de Santa Cruz podrían cerrar indefinidamente debido al paro convocado por la Federación Departamental de Carniceros de Santa Cruz (FEDECARCRUZ). La medida implica un cese total en el abastecimiento de carne de res, pollo, cerdo y otros productos, dejando a la población sin acceso a estos alimentos esenciales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia está en el centro de una controversia que ha encendido el debate político y social en el país. Las recientes disposiciones de este órgano, interpretadas como un intento de perpetuar a sus magistrados mediante resoluciones antidemocráticas, han generado preocupación sobre la estabilidad de la democracia boliviana y la independencia de los órganos del Estado.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – La Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó una resolución emitida en mayo por una jueza de Ivirgarzama, que anulaba la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no reconocer la directiva del Movimiento al Socialismo (MAS IPSP) liderada por Evo Morales. Con el nuevo fallo, el TCP ratifica a Grover García, del ala 'arcista', como presidente del partido, elegido en el Congreso Nacional de El Alto.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley denominado "Ley Excepcional y Transitoria para garantizar las elecciones judiciales 2024", que busca asegurar la realización de los comicios judiciales programados para el 15 de diciembre. La norma, aprobada en grande y en detalle, fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional, según informó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
Las diputadas de Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román y Luciana Campero, cuestionaron duramente a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, por la demora en ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por un caso de presunta trata de personas. Mientras tanto, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Juan José Huanca, exigió que el proceso judicial cumpla con su rol constitucional de manera eficiente y sin favoritismos.