Afirman que la reciente irrupción de fuerzas militares en el centro del poder político nacional, puede tratarse de una maniobra para desviar la atención de la realidad crítica que atraviesa Bolivia. Ven que solo con la intervención y acompañamiento de observadores imparciales de la comunidad internacional se logrará esclarecer los hechos del 26 de junio. Observan que el monitoreo que hacen medios de comunicación internacionales maneja términos como “golpe de Estado” o “autogolpe”, y de esta forma, solo se sigue el plan del régimen para crear una falsa narrativa.
Bolivia01 de julio de 2024 El Diario
Mediante una nota enviada a organismos internacionales, miembros de la bancada parlamentaria de la agrupación Creemos, pidieron a la comunidad internacional tomar con cautela su apoyo al gobierno de Luis Arce ante la infundada teoría del “golpe de Estado” o de “autogolpe”, considerando que podría tratarse de una maniobra que encierra graves violaciones a los derechos humanos y pone en peligro la paz y la seguridad de todos los bolivianos.
Apuntando que la reciente irrupción de fuerzas militares en el centro del poder político nacional, puede tratarse de una maniobra para desviar la atención de la realidad crítica que atraviesa Bolivia, legisladores de esta organización política señalaron que urge una investigación con acompañamiento de observadores internacionales imparciales.
“Saludamos y agradecemos los pronunciamientos de la Comunidad Internacional, sin embargo, insistimos en la mala fe del Gobierno boliviano y su estrategia de destruir la democracia en Bolivia para avanzar en su proyecto totalitario, alejado de los fines y aspiraciones de los diferentes Organismos internacionales, lo que ligado a estas estrategias muy bien elaboradas, con libretos perfectamente redactados, nos obliga a continuar denunciando sus maniobras que encierran graves violaciones a los derechos humanos y ponen en peligro la paz y la seguridad de todos los bolivianos y, para este caso particular, el grave riesgo al que nos expuso el propio presidente de la Republica al usar a las Fuerzas Armadas para fines políticos”, señala una extensa carta que expone la opinión de los parlamentarios de Creemos ante lo que el Gobierno considera que se trató de un golpe de Estado.
En ese sentido, los senadores y diputados de Creemos, resaltan la importancia de realizar una investigación de los sucesos del pasado 26 de mayo de una forma seria y transparente, considerando que el propio presidente Luis Arce es señalado como principal responsable de lo acontecido, por lo que piden el acompañamiento de veedores internacionales para llevar adelante dicha indagación.
“Por la envergadura de la situación y el mal manejo de la institucionalidad en Bolivia, incluso con relación a las observaciones y recomendaciones efectuadas por diversos Organismos, se hace necesario un acompañamiento internacional para identificar a la totalidad de los responsables, además de coadyuvar en la necesidad de encontrar salidas democráticas a la crisis por la que atraviesa Bolivia y que son consecuencia de la irresponsabilidad y angurria de poder de Luis Arce, Evo Morales y del Movimiento al Socialismo”, señala parte saliente de la carta.
La nota enviada especialmente a varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, pide que realicen un monitoreo permanente de la situación política en Bolivia y mantenerse alertas ya que cualquier reclamo legítimo, consecuencia de la crisis boliviana, será considerado intento de desestabilización, criminalizando el derecho a la libre expresión y a la protesta ejecutando detenciones ilegales al margen de la Ley.
Para la diputada María René Álvarez, la solicitud de intervención de la comunidad internacional en busca de lograr esclarecer los hechos del 26 de junio, también observa que el monitoreo que hacen medios de comunicación internacionales maneja términos como “golpe de Estado” o “autogolpe”, y de esta forma, solo se sigue el plan del régimen de Luis Arce para victimizarse y crear una falsa narrativa.
“Este fue un montaje político y sus autores deben ser investigados por haber dañado la democracia en Bolivia y para evitar que se continúe destruyendo el estado de derecho con más vulneraciones a los derechos humanos de la población”, indicó.
Dos ex superintendentes de Hidrocarburos y dos analistas del sector coincidieron en que la nacionalización de YPFB ha llevado a la empresa estatal a una crisis profunda, marcada por la declinación de las reservas de gas natural, la baja producción de combustibles líquidos, el incremento desmedido del personal, la pérdida del mercado argentino y una creciente politización.
La Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez ha generado ligeros avances, como la incorporación de lenguas originarias y la valoración de conocimientos ancestrales en la currícula educativa. Sin embargo, varios objetivos iniciales no se han cumplido plenamente, señaló Mario Zárate, director de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en declaraciones a EL DIARIO.
Bolivia atraviesa una compleja situación económica tras la pérdida de gran parte de sus reservas internacionales y la caída de la exportación de gas. Esto ha generado la escasez de recursos suficientes para mantener políticas de subsidios, terminando así con el ciclo de productos baratos en el mercado. Paralelamente, el dólar oficial ha sido superado por el paralelo, exacerbando la crisis de diésel y gasolina, e incrementando el costo de los alimentos, según expertos.
En un encuentro que se prolongó por más de cinco horas, el Gobierno y representantes de los sectores afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) acordaron medidas concretas para enfrentar temas clave como el abastecimiento de combustible, la seguridad jurídica y la biotecnología. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dio a conocer las conclusiones de este diálogo, destacando la creación de un Comité de Planificación de Abastecimiento de Diésel y la habilitación de una ventanilla única de importación de combustible.
A partir de las 00:00 horas de este sábado 16 de noviembre, las carnicerías de Santa Cruz podrían cerrar indefinidamente debido al paro convocado por la Federación Departamental de Carniceros de Santa Cruz (FEDECARCRUZ). La medida implica un cese total en el abastecimiento de carne de res, pollo, cerdo y otros productos, dejando a la población sin acceso a estos alimentos esenciales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia está en el centro de una controversia que ha encendido el debate político y social en el país. Las recientes disposiciones de este órgano, interpretadas como un intento de perpetuar a sus magistrados mediante resoluciones antidemocráticas, han generado preocupación sobre la estabilidad de la democracia boliviana y la independencia de los órganos del Estado.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – La Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó una resolución emitida en mayo por una jueza de Ivirgarzama, que anulaba la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no reconocer la directiva del Movimiento al Socialismo (MAS IPSP) liderada por Evo Morales. Con el nuevo fallo, el TCP ratifica a Grover García, del ala 'arcista', como presidente del partido, elegido en el Congreso Nacional de El Alto.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley denominado "Ley Excepcional y Transitoria para garantizar las elecciones judiciales 2024", que busca asegurar la realización de los comicios judiciales programados para el 15 de diciembre. La norma, aprobada en grande y en detalle, fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional, según informó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – Ante la creciente crisis de abastecimiento de combustibles en Bolivia, el Gobierno ha decretado la libre importación y comercialización de diésel y gasolina, como medida temporal. La disposición, establecida en el Decreto Supremo (DS) 5271, fue anunciada anoche por Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos y Energía, y estará en vigor durante un año. Gallardo subrayó que esta normativa excepcional busca aliviar la demanda insatisfecha, permitiendo a los sectores privados abastecer el mercado interno de manera directa.