Washington, D.C. – La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia asistió a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su preocupación sobre lo que considera una instrumentalización de la justicia en Bolivia con fines políticos. En su intervención, la Fundación presentó un informe sobre persecución judicial, afirmando que existe un patrón de acoso contra los opositores al gobierno, lo cual ha resultado en la detención de 172 personas documentadas como "presos políticos".
Bolivia13 de noviembre de 2024
Redacción
En respuesta, el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, defendió la postura oficial, asegurando que Bolivia mantiene un respeto estricto por los derechos humanos. Sostuvo que los procesos judiciales actuales responden a recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enfocados en sancionar a los responsables de los eventos ocurridos en 2019.
Un Informe sobre Persecución Judicial y la Lista de "Presos Políticos"
Rubén Darío Cuellar, director de la Fundación y jurista, enfatizó ante la CIDH la existencia de un "uso indebido del derecho penal" para neutralizar a figuras políticas percibidas como opositoras, un fenómeno que calificó de represivo y sistemático. Mencionó el caso de un exdirector del Fondo Indígena, quien enfrentaba múltiples procesos judiciales en diferentes jurisdicciones hasta que finalmente falleció sin lograr defenderse adecuadamente.
José Antonio Rivera, presidente de la Fundación y exmagistrado, destacó que se presentó una lista de 172 personas detenidas, supuestamente por motivos políticos, como una prueba tangible para el conocimiento de la CIDH. Rivera y Cuellar señalaron que este listado representa solo una fracción de los detenidos, y que, aunque se estima que hay más de 300 personas encarceladas por razones políticas, el acceso a sus expedientes y la posibilidad de visitarlas en prisión han sido obstaculizados.
Respuesta de Bolivia: Defensa del Sistema Judicial
El embajador Arce respondió que estos casos no están sujetos al azar, sino que siguen las recomendaciones del GIEI, que considera necesario enjuiciar a quienes estuvieron involucrados en los sucesos de 2019. Arce defendió que el gobierno mantiene un compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión. Durante la audiencia, que también abordó denuncias de agresiones contra periodistas y situaciones de autocensura, Arce estuvo acompañado por la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, quienes defendieron la posición del Estado sobre la autonomía de los poderes y la justicia en Bolivia.
Debate sobre la Independencia Judicial e Institucionalidad Democrática
La audiencia, solicitada por la Fundación Observatorio de DDHH y Justicia para abordar la situación de la independencia judicial y la institucionalidad democrática en Bolivia, se celebró el lunes en Washington y fue transmitida por Zoom. Cuellar, el representante de la Fundación, denunció la falta de receptividad del gobierno boliviano ante las recomendaciones de la CIDH y otros organismos internacionales en cuanto a la reforma judicial. Cuellar subrayó una intervención desmesurada del Ejecutivo en asuntos judiciales, lo que, en su opinión, se traduce en represalias contra jueces y fiscales.
Por su parte, Arce Zaconeta replicó que estas supuestas represalias ocurrieron bajo el gobierno de Jeanine Áñez, y no durante la administración de Luis Arce, destacando que su gobierno busca proteger la independencia del sistema judicial.
Recorte Presupuestario y Elección de Magistrados
Rivera señaló problemas adicionales en el sistema judicial boliviano, tales como la limitación presupuestaria (0,48% del Presupuesto General del Estado) y la falta de institucionalización de una carrera judicial. Criticó el desacreditado sistema de elección de magistrados mediante sufragio universal, que ha provocado altos niveles de votos nulos y en blanco en elecciones pasadas. Además, expresó preocupación por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que suspendió elecciones en cinco departamentos.
Aunque Arce concordó en criticar al TCP, señalando que la sala cuarta actuó fuera del marco legal al anular las elecciones judiciales en ciertas regiones, defendió la elección de magistrados a través del voto popular como un mecanismo estipulado por la Constitución para remediar problemas de la democracia pactada. La viceministra Saravia, en su intervención, deslindó de responsabilidades al gobierno central en este tema, afirmando que la selección de magistrados es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa.
La CIDH se Pronuncia sobre la Situación Electoral y la Libertad de Expresión
Los comisionados de la CIDH que intervinieron en la audiencia subrayaron la necesidad de celebrar las elecciones judiciales previstas para el 15 de diciembre y expresaron preocupación por el contexto político y la libertad de prensa en Bolivia. El comisionado Arif Bulkan cuestionó la falta de avances en la reforma del sistema electoral judicial, observando que en elecciones pasadas más del 60% del electorado votó en blanco o nulo. Por su parte, la comisionada Andrea Pochak insistió en que para realizar elecciones se requiere un clima de estabilidad democrática que permita la participación libre y sin presiones.
Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión, advirtió sobre el riesgo de que la autocensura se normalice en el país. Ante esto, Rivera expresó que la autocensura es una norma en Bolivia, dado que el periodismo de investigación enfrenta una represión significativa, y la libertad de expresión se encuentra sujeta a impunidad.
La audiencia cerró con intervenciones en las que los comisionados de la CIDH expresaron su esperanza de que las elecciones judiciales se realicen el 15 de diciembre y pidieron medidas que aseguren un ambiente de estabilidad democrática y respeto por los derechos fundamentales.
Con información de Brújula Digital.
Dos ex superintendentes de Hidrocarburos y dos analistas del sector coincidieron en que la nacionalización de YPFB ha llevado a la empresa estatal a una crisis profunda, marcada por la declinación de las reservas de gas natural, la baja producción de combustibles líquidos, el incremento desmedido del personal, la pérdida del mercado argentino y una creciente politización.
La Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez ha generado ligeros avances, como la incorporación de lenguas originarias y la valoración de conocimientos ancestrales en la currícula educativa. Sin embargo, varios objetivos iniciales no se han cumplido plenamente, señaló Mario Zárate, director de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en declaraciones a EL DIARIO.
Bolivia atraviesa una compleja situación económica tras la pérdida de gran parte de sus reservas internacionales y la caída de la exportación de gas. Esto ha generado la escasez de recursos suficientes para mantener políticas de subsidios, terminando así con el ciclo de productos baratos en el mercado. Paralelamente, el dólar oficial ha sido superado por el paralelo, exacerbando la crisis de diésel y gasolina, e incrementando el costo de los alimentos, según expertos.
En un encuentro que se prolongó por más de cinco horas, el Gobierno y representantes de los sectores afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) acordaron medidas concretas para enfrentar temas clave como el abastecimiento de combustible, la seguridad jurídica y la biotecnología. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dio a conocer las conclusiones de este diálogo, destacando la creación de un Comité de Planificación de Abastecimiento de Diésel y la habilitación de una ventanilla única de importación de combustible.
A partir de las 00:00 horas de este sábado 16 de noviembre, las carnicerías de Santa Cruz podrían cerrar indefinidamente debido al paro convocado por la Federación Departamental de Carniceros de Santa Cruz (FEDECARCRUZ). La medida implica un cese total en el abastecimiento de carne de res, pollo, cerdo y otros productos, dejando a la población sin acceso a estos alimentos esenciales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia está en el centro de una controversia que ha encendido el debate político y social en el país. Las recientes disposiciones de este órgano, interpretadas como un intento de perpetuar a sus magistrados mediante resoluciones antidemocráticas, han generado preocupación sobre la estabilidad de la democracia boliviana y la independencia de los órganos del Estado.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – La Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó una resolución emitida en mayo por una jueza de Ivirgarzama, que anulaba la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no reconocer la directiva del Movimiento al Socialismo (MAS IPSP) liderada por Evo Morales. Con el nuevo fallo, el TCP ratifica a Grover García, del ala 'arcista', como presidente del partido, elegido en el Congreso Nacional de El Alto.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley denominado "Ley Excepcional y Transitoria para garantizar las elecciones judiciales 2024", que busca asegurar la realización de los comicios judiciales programados para el 15 de diciembre. La norma, aprobada en grande y en detalle, fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional, según informó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
La Paz, 14 de noviembre de 2024. – Ante la creciente crisis de abastecimiento de combustibles en Bolivia, el Gobierno ha decretado la libre importación y comercialización de diésel y gasolina, como medida temporal. La disposición, establecida en el Decreto Supremo (DS) 5271, fue anunciada anoche por Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos y Energía, y estará en vigor durante un año. Gallardo subrayó que esta normativa excepcional busca aliviar la demanda insatisfecha, permitiendo a los sectores privados abastecer el mercado interno de manera directa.