Washington, D.C. – La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia asistió a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su preocupación sobre lo que considera una instrumentalización de la justicia en Bolivia con fines políticos. En su intervención, la Fundación presentó un informe sobre persecución judicial, afirmando que existe un patrón de acoso contra los opositores al gobierno, lo cual ha resultado en la detención de 172 personas documentadas como "presos políticos".
Bolivia13 de noviembre de 2024
Redacción
En respuesta, el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, defendió la postura oficial, asegurando que Bolivia mantiene un respeto estricto por los derechos humanos. Sostuvo que los procesos judiciales actuales responden a recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enfocados en sancionar a los responsables de los eventos ocurridos en 2019.
Un Informe sobre Persecución Judicial y la Lista de "Presos Políticos"
Rubén Darío Cuellar, director de la Fundación y jurista, enfatizó ante la CIDH la existencia de un "uso indebido del derecho penal" para neutralizar a figuras políticas percibidas como opositoras, un fenómeno que calificó de represivo y sistemático. Mencionó el caso de un exdirector del Fondo Indígena, quien enfrentaba múltiples procesos judiciales en diferentes jurisdicciones hasta que finalmente falleció sin lograr defenderse adecuadamente.
José Antonio Rivera, presidente de la Fundación y exmagistrado, destacó que se presentó una lista de 172 personas detenidas, supuestamente por motivos políticos, como una prueba tangible para el conocimiento de la CIDH. Rivera y Cuellar señalaron que este listado representa solo una fracción de los detenidos, y que, aunque se estima que hay más de 300 personas encarceladas por razones políticas, el acceso a sus expedientes y la posibilidad de visitarlas en prisión han sido obstaculizados.
Respuesta de Bolivia: Defensa del Sistema Judicial
El embajador Arce respondió que estos casos no están sujetos al azar, sino que siguen las recomendaciones del GIEI, que considera necesario enjuiciar a quienes estuvieron involucrados en los sucesos de 2019. Arce defendió que el gobierno mantiene un compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión. Durante la audiencia, que también abordó denuncias de agresiones contra periodistas y situaciones de autocensura, Arce estuvo acompañado por la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, quienes defendieron la posición del Estado sobre la autonomía de los poderes y la justicia en Bolivia.
Debate sobre la Independencia Judicial e Institucionalidad Democrática
La audiencia, solicitada por la Fundación Observatorio de DDHH y Justicia para abordar la situación de la independencia judicial y la institucionalidad democrática en Bolivia, se celebró el lunes en Washington y fue transmitida por Zoom. Cuellar, el representante de la Fundación, denunció la falta de receptividad del gobierno boliviano ante las recomendaciones de la CIDH y otros organismos internacionales en cuanto a la reforma judicial. Cuellar subrayó una intervención desmesurada del Ejecutivo en asuntos judiciales, lo que, en su opinión, se traduce en represalias contra jueces y fiscales.
Por su parte, Arce Zaconeta replicó que estas supuestas represalias ocurrieron bajo el gobierno de Jeanine Áñez, y no durante la administración de Luis Arce, destacando que su gobierno busca proteger la independencia del sistema judicial.
Recorte Presupuestario y Elección de Magistrados
Rivera señaló problemas adicionales en el sistema judicial boliviano, tales como la limitación presupuestaria (0,48% del Presupuesto General del Estado) y la falta de institucionalización de una carrera judicial. Criticó el desacreditado sistema de elección de magistrados mediante sufragio universal, que ha provocado altos niveles de votos nulos y en blanco en elecciones pasadas. Además, expresó preocupación por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que suspendió elecciones en cinco departamentos.
Aunque Arce concordó en criticar al TCP, señalando que la sala cuarta actuó fuera del marco legal al anular las elecciones judiciales en ciertas regiones, defendió la elección de magistrados a través del voto popular como un mecanismo estipulado por la Constitución para remediar problemas de la democracia pactada. La viceministra Saravia, en su intervención, deslindó de responsabilidades al gobierno central en este tema, afirmando que la selección de magistrados es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa.
La CIDH se Pronuncia sobre la Situación Electoral y la Libertad de Expresión
Los comisionados de la CIDH que intervinieron en la audiencia subrayaron la necesidad de celebrar las elecciones judiciales previstas para el 15 de diciembre y expresaron preocupación por el contexto político y la libertad de prensa en Bolivia. El comisionado Arif Bulkan cuestionó la falta de avances en la reforma del sistema electoral judicial, observando que en elecciones pasadas más del 60% del electorado votó en blanco o nulo. Por su parte, la comisionada Andrea Pochak insistió en que para realizar elecciones se requiere un clima de estabilidad democrática que permita la participación libre y sin presiones.
Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión, advirtió sobre el riesgo de que la autocensura se normalice en el país. Ante esto, Rivera expresó que la autocensura es una norma en Bolivia, dado que el periodismo de investigación enfrenta una represión significativa, y la libertad de expresión se encuentra sujeta a impunidad.
La audiencia cerró con intervenciones en las que los comisionados de la CIDH expresaron su esperanza de que las elecciones judiciales se realicen el 15 de diciembre y pidieron medidas que aseguren un ambiente de estabilidad democrática y respeto por los derechos fundamentales.
Con información de Brújula Digital.
Sin dudarlo y tras más de 13 años en el exilio, cientos de refugiados sirios se apresuraron hoy a volver a su país con la esperanza de reecontrarse con sus familias y restablecer sus vidas. Joan Cabasés Vega habló con algunos de ellos desde el paso fronterizo de Masnaa entre el Líbano y Siria.
El telón de la temporada de premios se alza nuevamente, con los Globos de Oro iluminando el escenario en esta era de transición para el cine: post-huelga, post-pandemia, pero todavía pre-IA. Esta gala no solo celebra el séptimo arte, sino también la pantalla chica, en un momento en el que la línea entre ambos parece tan tenue como el humo de un cigarro noir. Los organizadores prometen que esta será una nueva era para los Globos, libres de los escándalos de diversidad y sobornos que mancharon su reputación. El debut de Nikki Glaser como anfitriona buscará redimir la energía apagada del año pasado.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (ACNUDH), reanudó "parcialmente" actividades en Venezuela y pidió la liberación de quienes se encuentran detenidos de manera arbitraria.
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El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que el trámite de extradición de Maximiliano Dávila, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) durante el gobierno de Evo Morales, ha concluido, y que solo resta la coordinación diplomática para que Estados Unidos envíe un avión para trasladarlo.
Este domingo 15 de diciembre, el país acudirá nuevamente a las urnas para las elecciones judiciales, un proceso que ya se vislumbra como fallido, al igual que los dos anteriores (2011 y 2017), cuando los magistrados electos fueron criticados por su sumisión al poder, irregularidades y falta de mérito. La situación actual es incluso más compleja debido a que magistrados autoprorrogados lograron que en cinco departamentos las elecciones no sean completas, con el aparente objetivo de mantenerse en sus cargos.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó los avances en proyectos estratégicos de integración bioceánica, caminera y energética tras reunirse con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la reciente cumbre del Mercosur celebrada en Uruguay.
El Relator Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Javier Palummo, realizará una visita oficial a Bolivia del 9 al 11 de diciembre para analizar los impactos de los incendios forestales en los derechos humanos, la biodiversidad y los ecosistemas, según informó la Cancillería boliviana.
Afirman que la realización de elecciones judiciales fraccionadas, unas el 15 de diciembre y otras sin calendario el 2025, pondrá en serio riesgo las elecciones generales. Reprochan que el TSE no haya elaborado oportunamente un presupuesto especificando los gastos necesarios para la realización de las elecciones generales, provocando que la Ley Financial solo haga referencia a una “asignación abierta” para este fin. Desde el Ejecutivo, el titular de Economía aseguró que los recursos para los comicios generales, están garantizados.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas afirmó este miércoles que las disposiciones de control, fiscalización, confiscación o decomiso de alimentos, incluidas en la disposición adicional séptima del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, no tienen como objetivo afectar a los productores.
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