La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó este miércoles, con más de dos tercios de votos, el proyecto de “Ley Excepcional y Transitoria para Garantizar las Elecciones Judiciales 2024” en ambas instancias de votación (en grande y en detalle). La iniciativa fue sancionada sin objeciones en sus seis artículos, tras la solicitud de la senadora disidente de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, para modificar el orden del día de la sesión. Inicialmente, la reunión estaba destinada a la conformación de comisiones y comités del Senado para el periodo legislativo 2024-2025.
Bolivia13 de noviembre de 2024
Redacción
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones y siendo la Cámara de Senadores el origen del proyecto, queda aprobado el presente proyecto de ley y se remite a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión”, declaró Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, al anunciar la decisión.
El proyecto de ley fue presentado por Salame el día anterior, quien argumentó que Bolivia enfrenta “una situación gravísima”, ya que el país podría ser “testigo del apresamiento de los miembros del Órgano Electoral” a raíz de una sentencia constitucional controvertida, emitida por dos magistrados cuyo mandato ha sido cuestionado. Estos magistrados, señalados por Salame como “autoprorrogados”, ordenaron la suspensión parcial de las elecciones judiciales, lo cual ha generado una profunda inquietud en el panorama político y judicial del país.
En su intervención, Salame defendió la urgencia de la normativa, afirmando que la Asamblea Legislativa tiene el deber de “dar seguridad jurídica al país”. Señaló que los magistrados que ordenaron la suspensión “ejercen ilegal e ilegítimamente” sus cargos y, en su opinión, “se han atrevido a inaplicar una ley”. Esto, según la senadora, obliga al Legislativo a actuar y “emitir una norma” para “salvar las elecciones judiciales”. Además, Salame cuestionó la validez de un documento emitido en una reunión política organizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), describiéndolo como “apócrifo” y destacando la responsabilidad del Legislativo de “emitir una ley interpretativa” para corregir la situación.
Mientras tanto, la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la suspensión parcial de las elecciones judiciales en cinco departamentos mediante una nueva resolución, en respuesta a un recurso presentado por el TSE. Esta decisión ha sido otro punto de controversia en el ámbito político, avivando el debate sobre la legalidad y legitimidad de la intervención de los magistrados en el proceso electoral.
Con la aprobación de esta ley, se espera que la Cámara de Diputados realice su revisión y eventualmente sancione la norma, que tiene como propósito principal restablecer las garantías para la realización de las elecciones judiciales de 2024 en el país. La situación ha generado tensión en el ámbito político y judicial, y se prevé que el debate continúe en la Asamblea Legislativa.
Con información de El Deber.
Sin dudarlo y tras más de 13 años en el exilio, cientos de refugiados sirios se apresuraron hoy a volver a su país con la esperanza de reecontrarse con sus familias y restablecer sus vidas. Joan Cabasés Vega habló con algunos de ellos desde el paso fronterizo de Masnaa entre el Líbano y Siria.
El telón de la temporada de premios se alza nuevamente, con los Globos de Oro iluminando el escenario en esta era de transición para el cine: post-huelga, post-pandemia, pero todavía pre-IA. Esta gala no solo celebra el séptimo arte, sino también la pantalla chica, en un momento en el que la línea entre ambos parece tan tenue como el humo de un cigarro noir. Los organizadores prometen que esta será una nueva era para los Globos, libres de los escándalos de diversidad y sobornos que mancharon su reputación. El debut de Nikki Glaser como anfitriona buscará redimir la energía apagada del año pasado.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (ACNUDH), reanudó "parcialmente" actividades en Venezuela y pidió la liberación de quienes se encuentran detenidos de manera arbitraria.
Con Grover García como nuevo presidente del MAS-IPSP, el movimiento liderado por Evo Morales explora alternativas para posibilitar la participación del exmandatario en las elecciones generales de 2025, pese a que su postulación está legalmente inhabilitada.
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El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que el trámite de extradición de Maximiliano Dávila, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) durante el gobierno de Evo Morales, ha concluido, y que solo resta la coordinación diplomática para que Estados Unidos envíe un avión para trasladarlo.
Este domingo 15 de diciembre, el país acudirá nuevamente a las urnas para las elecciones judiciales, un proceso que ya se vislumbra como fallido, al igual que los dos anteriores (2011 y 2017), cuando los magistrados electos fueron criticados por su sumisión al poder, irregularidades y falta de mérito. La situación actual es incluso más compleja debido a que magistrados autoprorrogados lograron que en cinco departamentos las elecciones no sean completas, con el aparente objetivo de mantenerse en sus cargos.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó los avances en proyectos estratégicos de integración bioceánica, caminera y energética tras reunirse con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la reciente cumbre del Mercosur celebrada en Uruguay.
El Relator Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Javier Palummo, realizará una visita oficial a Bolivia del 9 al 11 de diciembre para analizar los impactos de los incendios forestales en los derechos humanos, la biodiversidad y los ecosistemas, según informó la Cancillería boliviana.
Afirman que la realización de elecciones judiciales fraccionadas, unas el 15 de diciembre y otras sin calendario el 2025, pondrá en serio riesgo las elecciones generales. Reprochan que el TSE no haya elaborado oportunamente un presupuesto especificando los gastos necesarios para la realización de las elecciones generales, provocando que la Ley Financial solo haga referencia a una “asignación abierta” para este fin. Desde el Ejecutivo, el titular de Economía aseguró que los recursos para los comicios generales, están garantizados.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas afirmó este miércoles que las disposiciones de control, fiscalización, confiscación o decomiso de alimentos, incluidas en la disposición adicional séptima del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, no tienen como objetivo afectar a los productores.
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