El Relator Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Javier Palummo, realizará una visita oficial a Bolivia del 9 al 11 de diciembre para analizar los impactos de los incendios forestales en los derechos humanos, la biodiversidad y los ecosistemas, según informó la Cancillería boliviana.
Bolivia07 de diciembre de 2024
Redacción
La agenda contempla reuniones con representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Como parte destacada de las actividades, el 9 de diciembre se llevará a cabo un diálogo abierto en la sede de la Cancillería, donde se debatirán estrategias de prevención y mitigación de incendios.
Esta visita tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre Bolivia y los organismos internacionales para enfrentar los desafíos ambientales, garantizar la protección de las comunidades vulnerables y promover un desarrollo sostenible en el país.
Alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, confirmó este viernes su candidatura presidencial para los comicios de 2025 tras recibir la personería jurídica de su alianza APB-Súmate, y anunció que dejará la Municipalidad dentro de un tiempo.
La Paz, 10 dic (Agencias) - El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, reiteró que la modalidad parcial de las elecciones judiciales es inconstitucional e ilegal, calificando estos comicios como una antesala de un fraude electoral mayor en 2025. En rueda de prensa, llamó a la ciudadanía a rechazar de forma contundente este proceso.
Hasta el 27 de noviembre, las organizaciones dedicadas al trabajo ambiental relacionado con los incendios forestales tenían plazo para inscribirse y participar en un encuentro con la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), que lleva a cabo una visita oficial en Bolivia. Este martes, Redesca se reunirá con representantes en Santa Cruz de la Sierra, tras iniciar su agenda el lunes en La Paz, y concluirá su misión este miércoles.
Con Grover García como nuevo presidente del MAS-IPSP, el movimiento liderado por Evo Morales explora alternativas para posibilitar la participación del exmandatario en las elecciones generales de 2025, pese a que su postulación está legalmente inhabilitada.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que el trámite de extradición de Maximiliano Dávila, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) durante el gobierno de Evo Morales, ha concluido, y que solo resta la coordinación diplomática para que Estados Unidos envíe un avión para trasladarlo.
Este domingo 15 de diciembre, el país acudirá nuevamente a las urnas para las elecciones judiciales, un proceso que ya se vislumbra como fallido, al igual que los dos anteriores (2011 y 2017), cuando los magistrados electos fueron criticados por su sumisión al poder, irregularidades y falta de mérito. La situación actual es incluso más compleja debido a que magistrados autoprorrogados lograron que en cinco departamentos las elecciones no sean completas, con el aparente objetivo de mantenerse en sus cargos.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó los avances en proyectos estratégicos de integración bioceánica, caminera y energética tras reunirse con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la reciente cumbre del Mercosur celebrada en Uruguay.
Afirman que la realización de elecciones judiciales fraccionadas, unas el 15 de diciembre y otras sin calendario el 2025, pondrá en serio riesgo las elecciones generales. Reprochan que el TSE no haya elaborado oportunamente un presupuesto especificando los gastos necesarios para la realización de las elecciones generales, provocando que la Ley Financial solo haga referencia a una “asignación abierta” para este fin. Desde el Ejecutivo, el titular de Economía aseguró que los recursos para los comicios generales, están garantizados.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas afirmó este miércoles que las disposiciones de control, fiscalización, confiscación o decomiso de alimentos, incluidas en la disposición adicional séptima del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, no tienen como objetivo afectar a los productores.