La relación entre Venezuela y las Naciones Unidas ha alcanzado un punto crítico tras el reciente anuncio del ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el país. La petición de que el personal de la Oficina abandone Venezuela dentro de las próximas 72 horas ha generado una profunda preocupación internacional y pone de relieve las crecientes tensiones en torno a la situación de los derechos humanos en la nación sudamericana.
Mundo17 de febrero de 2024
Redacción
La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, expresó su preocupación por esta decisión, indicando que la entidad está evaluando los próximos pasos a seguir. Shamdasani reiteró el compromiso de la Oficina con la promoción y protección de los derechos humanos de los venezolanos, subrayando que continúan en diálogo con las autoridades y otros actores relevantes.
Este dramático giro de eventos se produce en un contexto de alarma creciente por la situación de los derechos humanos en Venezuela, especialmente tras la detención de Rocío San Miguel, reconocida defensora de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado había manifestado su preocupación por la detención de San Miguel, calificando la falta de información sobre su paradero como una posible "desaparición forzada". Aunque recientemente se confirmó el lugar de detención de San Miguel y la liberación condicional de cuatro familiares, la situación ha atraído la atención internacional sobre las prácticas del gobierno venezolano.
La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también ha expresado su inquietud por la detención de San Miguel y otros. La Misión, que tiene el mandato de evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014, ha instado al gobierno a proporcionar información sobre los detenidos y a abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a las obligaciones internacionales del país.
Desde octubre de 2019, la Oficina Técnica del Alto Comisionado ha estado proporcionando asistencia técnica y supervisando la situación de los derechos humanos en Venezuela. Su trabajo, centrado en prevenir violaciones de derechos humanos, reforzar el Estado de derecho y aumentar la visibilidad de violaciones de derechos económicos y sociales, es ahora más relevante que nunca ante el actual desafío.
Con información de Naciones Unidas.
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