Venezuela suspende actividades de oficina de derechos humanos de la ONU y expulsa funcionarios

CARACAS — El gobierno de Venezuela anunció el jueves que decidió suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado para los DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas y ordenó la salida del país de los funcionarios adscritos a esa oficina.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, dijo que en los próximos 30 días su país revisará los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa oficina, por lo que solicitó que el personal adscrito a la ACNUDH abandone el país en las siguientes 72 horas, "hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas".

“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, expuso Gil.

Para el gobierno venezolano, la ACNUDH ha “exacerbado sus ataques” contra Venezuela y ha mantenido una postura “claramente sesgada y parcializada”, generando “impunidad” para personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones, entre otros.

Aunque aseguró que la ACNUDH incumple el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados, reiteró su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, “sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.

Reacciones de condena
Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de DDHH de la ONU, dijo que lamentan la decisión del gobierno venezolano y anunció que se encuentran evaluando los siguientes pasos a seguir.

“Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, aseguró en un mensaje enviado a la prensa.

Organizaciones y activistas de DDHH expresaron preocupación, rechazaron la decisión del Estado venezolano y recordaron sus advertencias sobre la radicalización del gobierno.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (PROVEA), una de las ONG más antiguas del país, aseguró que la medida “aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DDHH que se cometen en el país”.

Desde la Casa Blanca no quisieron entrar en "una reacción inmediata", si bien su portavoz, Karine Jean-Pierre, sí que comentó al ser preguntada sobre el asunto en rueda de prensa: "obviamente es algo que nos preocupa y -obviamente- vamos a seguir monitoreando la situación".

La decisión se produce luego de que, tras la detención de la activista de DDHH y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, acusada de conspirar contra el gobierno, la oficina del ACNUDH, Volker Türk, dijo que seguía como “profunda preocupación” los hechos y reiteró que, debido a que su paradero era desconocido, su detención podría calificar como desaparición forzada e instó a su inmediata liberación.

El fiscal general, Tarek William Saab, negó el miércoles que San Miguel y cinco de sus familiares vinculados al caso hayan estado sometidos a una situación de desaparición forzada, tal y como denunciaron sus abogados y decenas de organizaciones, y denunció una "feroz campaña" contra el sistema judicial.

San Miguel fue imputada por presuntamente cometer los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Sus abogados denunciaron que no estuvieron presentes en la audiencia y que su paradero era desconocido.

En 2019 se acordó la instalación de la oficina del ACNUDH en Venezuela, lo que implicaba la presencia de un equipo en el terreno.

El año pasado, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, fue autorizado a reanudar una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela con el argumento de que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma. El gobierno ejerció un recurso de apelación y se espera por el pronunciamiento de la Sala de Apelaciones de la CPI.

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