Los familiares de los presos políticos Roberto Pérez Fonseca y Yosvany Rosell García Caso denunciaron la falta de acceso en la cárcel a medicamentos y la incertidumbre por no saber como se encuentran de salud.
Mundo04 de diciembre de 2024 Yolanda Huerga - Martí Noticias
El preso político Roberto Pérez Fonseca está en una celda de aislamiento desde hace cinco días, luego de que exigiera a gritos mejores condiciones para los reclusos en la prisión de Quivicán, provincia Mayabeque, donde está recluido.
“El jueves 28, mi hijo se manifestó en el patio de la prisión por las malas condiciones en que están viviendo los reclusos y salió diciendo consignas “libertad para los presos políticos”, “vivan los derechos humanos”. Entonces fue llevado para celda de castigo”, relató Lisset Fonseca, la madre del prisionero de conciencia.
Las autoridades penitenciarias despojan de sus pertenencias a los reos que son internados en celdas de castigo: “Está sin los medicamentos que necesita y sin los alimentos que le llevo. Como él no come nada de la prisión, no sabemos en qué situación se encuentra en estos momentos”.
Pérez Fonseca, manifestante del 11 de julio de 2021, padece de asma, esofagitis aguda, duodenitis eritematosa y úlceras bulbo duodenales, que a veces se vuelven muy dolorosas.
“La celda es por 15 días. Yo llamé a la prisión a ver el problema de sus medicamentos porque si no ingiere alimentos cada tres horas, como está indicado por el médico, le puede afectar y darle los dolores fuertes que le dan. Ellos [los mandos del penal] me dicen que le pasan al alimento cuando entiendan, es decir, que él mismo ha dicho que lo obligan a hacer huelga de hambre, porque lo que le dan allí no se lo va a comer”, apuntó la madre.
“Yo le había llevado su medicina y se la robaron en el puesto médico”, aseguró.
Cuando la madre se quejó, “la medida que tomaron, por el robo de su medicamento, fue que yo no podía pasarle más las ámpulas de omeprazol porque nadie se quiere hacer responsable de recibirlas”.
Como parte del castigo a Pérez Fonseca, su visita familiar programada para el 9 de diciembre, fue suspendida, una medida punitiva añadida contra el preso político.
El joven fue condenado a diez años de privación de libertad por los delitos de Atentado, Desacato, Instigación para delinquir y Desórdenes Públicos. Su rostro se hizo viral luego de que saliera un video donde aparecía rompiendo un cuadro con la imagen del gobernante fallecido Fidel Castro, durante las manifestaciones populares en San José de Las Lajas, donde reside.
Amnistía Internacional denunció el pasado viernes las violaciones de derechos humanos contra tres presos de conciencia en Cuba: Roberto Pérez Fonseca, Loreto Hernández García y José Daniel Ferrer, quienes cumplen condenas en las cárceles de la isla.
Respecto a Pérez Fonseca, la organización internacional destacó que “ha sido objeto de múltiples represalias por las autoridades desde su encarcelamiento, afectando su salud”.
De igual modo, el preso político Yosvany Rosell García Caso, confinado en la cárcel holguinera Cuba Sí, tiene su presión arterial fuera de control, presentando severas crisis de hipertensión.
Su esposa Mallín Rodríguez Sánchez dijo a nuestro medio que el preso político no recibe adecuada atención médica, y sus enfermedades se agravan por la indolencia de las autoridades, que, sin disponer de los fármacos en el establecimiento carcelario, no reciben los que los familiares de los reclusos llevan.
En una publicación en Facebook de este lunes, Rodríguez Sánchez escribió: “Sigo sin recibir noticias de mi esposo Yosvany Rosell García Caso ya que no me llamo el sábado y tocaba llamada. Se encontraba descompensado de la presión arterial por falta de medicamentos y padece del corazón”.
García Caso cumple una sentencia de 15 años de prisión por Sedición tras ser enjuiciado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín, su ciudad natal.
De acuerdo al grupo Justicia 11J, al menos 58 encarcelados por las protestas del verano de 2021 tienen padecimientos crónicos como epilepsia, hipertensión, cáncer, diabetes, dermatitis, enfermedades óseas y VIH, entre otros.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas afirmó este miércoles que las disposiciones de control, fiscalización, confiscación o decomiso de alimentos, incluidas en la disposición adicional séptima del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, no tienen como objetivo afectar a los productores.
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